Tiene como objetivo ofrecer un marco normativo y práctico que permita a los funcionarios públicos realizar el procedimiento de la contratación directa de manera adecuada, respetando los principios fundamentales de la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento. Además, busca
fomentar la confianza ciudadana en los procesos de adquisiciones públicas al garantizar que estos sean accesibles, responsables y ejecutados con un enfoque orientado al interés general.