La Secretaría de Finanzas, mediante la circular DGP-009-2025 del 18 de agosto de 2025, ordena a todas las instituciones del Estado hondureño (incluyendo poderes Legislativo y Judicial) la cancelación inmediata de todas sus deudas por servicios públicos. La medida responde a la "difícil situación financiera" de las empresas estatales como la ENEE, UMAPS (antes SANAA) y HONDUTEL. La circular recuerda que, según la Ley de Presupuesto 2025, los fondos para estos pagos no pueden ser desviados y advierte a los funcionarios responsables que enfrentarán responsabilidad administrativa, civil y penal, además de multas de hasta 30 salarios mínimos, en caso de incumplimiento.