Este estudio de la OEA y el BID caracteriza la arquitectura institucional de la gobernanza migratoria en América Latina y el Caribe, mapeando más de 200 entidades. Analiza sus funciones principales en política, control fronterizo, protección y atención a nacionales. Concluye que la región avanza hacia un paradigma que equilibra seguridad y derechos humanos, aunque persisten desafíos como la fragmentación institucional y se observan particularidades subregionales.