Este acuerdo autoriza a la Secretaría de Derechos Humanos a realizar contrataciones directas para proteger a defensores y desplazados, manteniendo la información confidencial. Las empresas que contraten con el Estado deben cumplir con los plazos y condiciones establecidos, garantizando la transparencia y auditoría. Se busca fortalecer los mecanismos nacionales de protección, lo que podría generar oportunidades para proveedores de servicios de seguridad y asistencia humanitaria.