El Instituto Nacional Penitenciario de Honduras clasifica información como reservada por 10 años, incluyendo planos arquitectónicos, estado de fuerza de seguridad y planes de seguridad. Esto restringe el acceso público a detalles operativos y de infraestructura penitenciaria, afectando a empresas que busquen información sobre proyectos o servicios relacionados con el sistema penitenciario. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública rige estas restricciones.