Este Acuerdo Ejecutivo autoriza a la Secretaría de Derechos Humanos a realizar contrataciones directas para proteger a defensores y periodistas, manteniendo la confidencialidad. Las empresas que busquen contratos con el Estado deben estar atentas a estas oportunidades, que estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. Se priorizará la eficiencia y calidad, con auditorías posteriores.