Este Acuerdo Ejecutivo autoriza a la Secretaría de Derechos Humanos a realizar contrataciones directas para proteger a defensores y desplazados, bajo la condición de mantener la confidencialidad. Las empresas que busquen contratar con el Estado en estos rubros deben considerar que los procesos serán directos y secretos, sin licitaciones públicas, priorizando la inmediatez y la discreción. La vigencia es hasta el 31 de diciembre de 2026.