Este Acuerdo del Instituto Nacional Penitenciario clasifica información como reservada por 10 años, incluyendo planos arquitectónicos, estado de fuerza de seguridad y planes operativos. Para el sector empresarial, esto implica restricciones en el acceso a detalles técnicos y estratégicos relacionados con infraestructuras penitenciarias y operaciones de seguridad, limitando la transparencia y la participación en proyectos que requieran dicha información sensible.