Este Poder Legislativo establece la obligación para las empresas de registrar a sus beneficiarios finales en un plazo de cuatro meses, identificando a personas naturales con control directo o indirecto. Las sociedades mercantiles deben convertir acciones al portador en nominativas en seis meses, bajo pena de nulidad. Se imponen sanciones administrativas y penales por incumplimiento, afectando directamente la transparencia y operatividad del sector empresarial hondureño.