El Juzgado de Letras Contencioso Administrativo de Honduras ha recibido dos demandas por cancelación ilegal de empleados públicos. Ambas buscan la nulidad de los acuerdos de cancelación y el pago de prestaciones laborales, salarios caídos y daños y perjuicios. Esto subraya el riesgo para las instituciones públicas de enfrentar litigios y costos significativos si no cumplen con el debido proceso en la gestión de personal, afectando la estabilidad financiera y operativa.