Este estudio del BID, aplicado en Perú, analiza cómo los costos adicionales de la discapacidad (asistencia, salud, transporte) no se reflejan en las líneas de pobreza monetaria. Estima que una persona con discapacidad necesita un 47% más de ingresos para no ser considerada pobre. Aplicar este ajuste significaría que un 15.1% adicional de esta población sería clasificada como pobre, haciéndola elegible para programas sociales.