Este informe analiza más de 70 programas de regularización migratoria implementados en América Latina y el Caribe entre 2010 y 2025. La evidencia demuestra que otorgar estatus legal mejora la integración socioeconómica de los migrantes y genera beneficios fiscales, sin afectar negativamente el empleo local, consolidando la regularización como una herramienta clave de gobernanza.