Se prohíbe a las entidades públicas gestionar financiamiento externo o deuda sin autorización expresa de SEFIN. Para nuevos proyectos de inversión, es obligatorio obtener una Nota de Prioridad basada en análisis técnicos. Cualquier negociación no autorizada carecerá de validez institucional y acarreará responsabilidades civiles, penales y administrativas ante el Tribunal Superior de Cuentas.