La Secretaría de Finanzas instruye a las instituciones públicas a revisar y validar documentalmente su deuda flotante acumulada. Deben clasificar las obligaciones, priorizando aquellas ineludibles o con riesgo de demanda judicial, y notificarlo por escrito. La Tesorería General solo realizará pagos basados en dicha priorización y la disponibilidad de liquidez.