Este Acuerdo Ejecutivo autoriza a la Secretaría de Derechos Humanos a realizar contrataciones directas para proteger a defensores y desplazados, manteniendo la confidencialidad. Las empresas que contraten con el Estado para estos fines deben cumplir con los plazos y condiciones de la Ley de Contratación del Estado, garantizando precios ventajosos y calidad. Se instruye a las instituciones públicas a colaborar, asegurando la ejecución inmediata de medidas de protección.