Este decreto declara de interés y prioridad nacional la protección de la agroindustria, energía, turismo, ganadería y pequeños productores agrícolas. Se prohíben ocupaciones ilegales de tierras productivas, garantizando el libre tránsito de productos. Las autoridades deben actuar de inmediato para desalojar invasores, con plazos abreviados para trámites. Los funcionarios son responsables por omisiones. Se busca asegurar la seguridad alimentaria, jurídica y las inversiones.