El Congreso Nacional reformó el Artículo 5 del Decreto 17-2026 (Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano), excluyendo los juicios laborales y asuntos de personal de la jurisdicción contencioso-administrativa del procedimiento de conciliación centralizado de la PGR, y estableciendo un mecanismo de conciliación extrajudicial bajo control interno de las instituciones descentralizadas.