Este decreto legislativo aprueba modificaciones a contratos de construcción y supervisión de infraestructura vial. Las empresas contratistas y consultoras deben ajustar plazos y montos, con extensiones por condiciones climáticas o cambios de alcance. Se enfatiza la actualización de garantías y seguros, y el cumplimiento de normativas anticorrupción. Los pagos y plazos están sujetos a la aprobación del Congreso Nacional y la disponibilidad presupuestaria, afectando la planificación empresarial.