Este Acuerdo modifica el Reglamento de Ejecución del Presupuesto, impactando al sector empresarial al establecer nuevas normas para la recaudación de ingresos y la gestión de fondos públicos. Las instituciones deberán cumplir con plazos y formatos específicos para la programación de caja y la rendición de cuentas. Se prohíbe la creación de cuentas bancarias fuera del Sistema de Cuenta Única de la Tesorería, salvo excepciones, y se regulan los embargos a recursos financieros públicos, con plazos de hasta doce meses para honrar deudas.