El Instituto Nacional Penitenciario (INP) clasifica información como reservada por 10 años, incluyendo planos arquitectónicos, estado de fuerza y planes de seguridad. Las empresas del sector privado que manejen información relacionada con el INP, especialmente en proyectos de infraestructura o seguridad, deberán cumplir con estrictas regulaciones de confidencialidad y acceso, limitando la divulgación de datos sensibles y afectando la transparencia en contrataciones y operaciones.