El Acuerdo 004-2026 del Instituto Nacional Penitenciario clasifica información como reservada por 10 años, incluyendo planos arquitectónicos, estado de fuerza de seguridad e informes de inteligencia. Esto restringe el acceso público a detalles operativos y de infraestructura penitenciaria, afectando a empresas de construcción, seguridad y tecnología que busquen licitaciones o información para proyectos relacionados con el sistema penitenciario, limitando la transparencia y el escrutinio en contrataciones y operaciones.